Los alrededor de 650 millones de euros de fondos públicos utilizados entre 2001 y 2010 al margen de los procedimientos establecidos por el exdirector general de Empleo andaluz, Francisco Javier Guerrero, dan para mucho más que para pagar prejubilaciones a personas que nunca trabajaron en las empresas que presentaban expedientes de regulación de empleo (ERE) en esos años.
Incluso para comprar cocaína con ellos, como el chófer de este alto cargo ha declarado a la Policía que hizo en 2004 para consumirla junto a su jefe. Las diligencias abiertas ante esta confesión por un juzgado de Andújar (Jaén), donde reside, han sido asumidas ya por la juez Mercedes Alaya, de Sevilla, que investiga el fraude de los ERE. Guerrero ha negado estas acusaciones.
Esta práctica, que ha elevado el nivel del mayor caso de corrupción de la historia de Andalucía a nuevas cotas de abyección, se desarrolló de manera continuada, según este exconductor. El dinero para ello procedía directamente de esos 650 millones -fondos que Guerrero definió como 'fondo de reptiles' tras estallar el escándalo-. Y es que el chófer, como denunció ayer la dirigente del PP andaluz Rosario Soto, recibió directamente dos ayudas por 900.000 euros, e indirectamente a través de la empresa del marido de una exalcaldesa del PSOE de Jaén, una tercera de otros 450.000 euros.
Las tres ayudas se firmaron el 16 de febrero de 2004 y nadie ha comprobado que los proyectos para las que se otorgaron se hayan puesto en marcha, denunció el PP. Esa falta de control es la que también relató el exchófer a la Policía. Rafael Carmona, responsable económico del PP andaluz, denunció además la "facilidad" con la que se obtenían las ayudas "mientras que a las empresas normales, que no están en el entorno del PSOE, tienen que rellenar trámites infinitos para lograr una ayuda".
Por su parte, el Gobierno andaluz reiteró que el actual presidente, José Antonio Griñán, no tiene nada que ver con los hechos ya que en febrero de 2004 era diputado.
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