La exdirectora de la CAM quiere conservar su pensión vitalicia de 369.497 euros
La exdirectora general de la CAM, María Dolores Amorós, llegaba a las 9:45 horas al juzgado de lo Social número 4 de Alicante, que decidirá si la decisión de los administradores del FROB de despedirla es conforme a la ley, después de que la propia ex directiva iniciara los trámites legales para recurrirlo.
A su llegada, María Dolores Amorós, acompañada por sus abogados, ha sido recibida por numerosos periodistas y cámaras de televisión, y por varios afectados de los llamados 'productos tóxicos'. Momentos antes de entrar en el edificio de Pardo Gimeno, una mujer ha comenzado a gritarle: "choriza, corrupta, ladrona, devuélvenos nuestro dinero".
"No queremos mantenerla en la cárcel"
La mujer, visiblemente nerviosa, ha comentado a los medios de comunicación congregados, con lágrimas en los ojos, que se "ha llevado todo el dinero" de su madre, unos 12.000 euros, que se "ha quedado sin nada". "No quiero que vaya a la cárcel porque entonces la tendríamos que mantener con nuestros impuestos, sino que nos devuelva el dinero a todos", ha dicho.
Una vez dentro del edificio, la exdirectora ha permanecido hasta el inicio de la vista, que ha empezado con retraso, compartiendo la misma sala de espera con una veintena de personas que seguirían el juicio como público -buena parte de ellos afectados-, y con los representantes de los medios de comunicación.
Actuó en beneficio propio
María Dolores Amorós asumió la dirección general de CAM en diciembre de 2010 y el 10 de agosto de 2011. Una vez intervenida la entidad, los interventores la destituyeron temporalmente de sus competencias, para ratificarse en su decisión y despedirla definitivamente poco después.
Los gestores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) concluyeron en su informe que Amorós "actuó en beneficio propio al calcular su propia pensión vitalicia", y cuestionaron su gestión por "falsear las cuentas para ocultar la debilidad financiera de la entidad" y por llevar a cabo una "deficiente gestión".
Este informe ha llevado a la apertura de un expediente disciplinario a la cúpula de la CAM. Además, sus conclusiones, enviadas a la Audiencia Nacional, están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción, que está valorando presentar una querella contra la ex directora general de la CAM, tras comprobar la existencia de las irregularidades denunciadas por el Banco de España en su concesión de la pensión vitalicia.
Pide 10 millones por despido improcedente
La abogada de la Caja Mediterráneo (CAM) ha considerado desproporcionada la petición de diez millones de euros de indemnización en concepto de lucro cesante solicitada por la exdirectora general de la entidad María Dolores Amorós.
A esta cifra, que Amorós reclama por despido improcedente, se sumaría una segunda indemnización por el tiempo trabajado, cuya cuantía aún no ha sido expuesta. Su petición ha sido expuesta en el inicio de la vista oral.
En su exposición de hechos, la abogada de la entidad bancaria alicantina ha apuntado que Amorós "falseó cuentas, manipuló resultados y ocultó información".
Ocultó información a la CNMV
La abogada de la CAM asegura que la exdirectora informó al Consejo de Administración y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de "la buena situación de CAM" en el primer trimestre del año pasado cuando "la morosidad de los créditos y la falta de provisión" ante los impagos era evidente.
La letrada de Banco CAM ha incidido en que, si bien Amorós "transmitía tranquilidad" y aseguraba "la viabilidad" de la entidad, "la realidad" era de "una liquidez comprometida", "un deterioro de los activos", "una reducción de los márgenes" y "falta de confianza externa".
369.497 euros al año de pensión vitalicia
Fuentes del entorno de la exdirectora han adelantado que Amorós tiene previsto pedir que su despido sea declarado improcedente, decisión que, de ser alcanzada, podría conllevar el cobro de una indemnización cifrada, según la acusación particular, en diez millones de euros.
Además, Amorós instará a que se respete la pensión vitalicia de 369.497 euros al año aprobada cuando estaba al frente de la entidad y que fue derogada posteriormente.
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